Una memoria silenciada entre copas y risas: la traición institucional a la verdad, la justicia y la reparación en la Cárcel Vieja de Murcia

Hace apenas unos días, muchos de nosotros, defensores de la Memoria Democrática y garantes del cumplimiento de la ley 20/2022, recibimos una noticia que, en teoría, debería habernos alegrado: la declaración oficial de la Cárcel Vieja de Murcia como Lugar de Memoria Democrática. Pero la alegría ha durado poco. Bastó leer más allá del titular para entender que esta declaración es, en realidad, una rendición vergonzosa y parcial, que incumple de manera flagrante el espíritu y la letra de la ley.

La decisión del Ministerio de Memoria Democrática de ceder ante los intereses del Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el Partido Popular, representa un acto de cobardía institucional y una traición directa a quienes han luchado durante años por mantener vivo el recuerdo de las víctimas de la represión franquista. En vez de garantizar el cumplimiento del principio de “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, este ministerio ha permitido —con su silencio o su complicidad— que se levante un bar, un restaurante y espacios de ocio en un lugar donde tantas vidas fueron truncadas por la represión de un régimen ilegítimo y criminal.

La Cárcel Vieja de Murcia no es solo un edificio. Es un símbolo. Un testigo mudo de la brutalidad ejercida contra ciudadanos y ciudadanas que defendieron con dignidad la legalidad democrática emanada de las urnas durante la Segunda República. Es, además, un lugar que debería haber sido plenamente preservado como espacio de reflexión, memoria y aprendizaje colectivo. Sin embargo, lo que nos encontramos ahora es un proceso de banalización del sufrimiento. Donde debería haber placas, testimonios, exposiciones y silencio respetuoso, se instalarán terrazas, música ambiente y celebraciones.

Este proyecto no es solo un error urbanístico o una falta de sensibilidad política: es una agresión a la historia y a la dignidad de quienes fueron torturados, encarcelados y asesinados por defender la democracia. Es una concesión simbólica a esa parte de la derecha que nunca ha querido enfrentarse con honestidad al pasado, y que sigue insistiendo en el olvido, en el silencio, en el “no reabrir heridas”. Pero ¿cómo se puede cerrar una herida que nunca se ha curado? ¿Cómo puede hablarse de reconciliación sin verdad, ni justicia, ni memoria?

El alcalde Ballesta ha defendido la construcción de un espacio "mixto", que combine el recuerdo con el uso "ciudadano y disfrutable" del edificio. Es decir, una fórmula híbrida donde se maquilla la memoria bajo una capa de aparente modernidad y dinamismo social. Pero la memoria no es un decorado, ni un escaparate que pueda compartirse con una carta de cócteles o una oferta gastronómica. La memoria requiere recogimiento, respeto, contexto histórico y voluntad política clara. Nada de eso se ha garantizado aquí.

Y lo más doloroso no es solo la actuación del Ayuntamiento, sino el consentimiento —por acción u omisión— del Ministerio que, precisamente, debería ser garante de que la Ley de Memoria Democrática no se convierta en papel mojado. Ceder ante los intereses locales es traicionar a quienes murieron por defender la libertad. Es traicionar a sus familias, que aún hoy buscan justicia. Es traicionar a los valores democráticos que tanto costó recuperar.

Por eso, desde aquí, elevo mi más firme rechazo a esta operación de maquillaje institucional. La Cárcel Vieja debería haber sido declarada Lugar de Memoria Democrática en su totalidad, sin zonas vetadas, sin espacios excluidos, sin negociaciones vergonzosas. Todo su perímetro, toda su historia, cada una de sus celdas, merece ser preservada como patrimonio inmaterial de este país. Merece ser un lugar donde los jóvenes aprendan lo que ocurrió, donde se honre a las víctimas, donde se repare el daño causado.

Es urgente que quienes ocupan cargos en el Ministerio de Memoria Democrática recuerden por qué están ahí. Su misión no es pactar con quienes quieren silenciar el pasado. Su deber es proteger la memoria colectiva de nuestro pueblo, especialmente en tiempos donde resurgen discursos negacionistas, revisionistas y autoritarios.

El lema de la Ley 20/2022 no es decorativo: Verdad, Justicia, Reparación. Cada una de esas palabras implica una responsabilidad ética y política. Hoy, ninguna de ellas ha sido respetada en Murcia. Y eso no puede ni debe quedar impune.

Nosotros no olvidamos. Nosotros no aceptamos el silencio. Seguiremos denunciando estas operaciones de blanqueo, de banalización y de traición. Porque la memoria no es una carga: es un derecho. Porque la historia no se tapa con un mantel ni se adorna con velas. Porque en democracia, recordar no es opcional: es imprescindible.

No hay reconciliación posible con quien sigue brindando sobre las tumbas. No hay memoria democrática si se permite construir un bar sobre el dolor. La decisión de convertir la Cárcel Vieja en un parque temático para el entretenimiento cívico es el último capítulo de un proceso de cobardía institucional, una traición a quienes fueron fusilados al amanecer mientras gritaban '¡Viva la República!'. Y que nadie se confunda: blanquear la represión es una forma de repetirla. No hay democracia sin memoria. Y quienes negocian con el olvido, se hacen cómplices del pasado que juraron no repetir.