Promesas huecas y poder local: la verdad oculta detrás de la planta de biogás de Molina

En los últimos días, el alcalde de Molina de Segura —José Ángel Alfonso (PP)— ha difundido una serie de “promesas de control y vigilancia” respecto a la planta de biogás proyectada en La Polvorista. Sin embargo, según denuncian plataformas vecinales, medios locales y empresarios, esas promesas carecen de validez legal, y la realidad demuestra lo contrario.

Un reciente hilo en X subraya con acierto: “El alcalde de Molina de Segura pide a los vecinos que confíen en promesas de vigilancia y control que ni siquiera tienen validez legal…”. Pero no queda ahí: una entrada de Facebook lo confirma, replicando literalmente esta crítica .

En paralelo, medios como La Opinión de Murcia informan que el Consistorio se ha comprometido a actuar si la planta “no cumple el acuerdo firmado”. No obstante, hasta la fecha no se ha publicado ninguna documentación que respalde ese acuerdo ni su alcance real. El silencio institucional es total.

Desde hace meses, plataformas como Stop Biogás vienen alertando y movilizándose: ya en febrero concentraron a cientos de vecinos con un lema claro: “Molina, unida, jamás será vencida”. La versión original de los hechos: el proyecto fue aprobado sin información accesible —apenas recogido en el BORM—, y los vecinos se enteraron solo cuando vieron maquinaria y movimientos de tierra frente a sus casas.

Los empresarios del polígono La Polvorista también han expresado “preocupación” y han amenazado con mudarse si la planta sigue adelante. Temen impactos en sabor y olor, riesgos de explosión, y defienden que la documentación técnica presenta “irregularidades”.

Y mientras tanto, el alcalde insiste en afirmar que solo se procesarán «azúcares de yogures y golosinas caducadas», descartando purines o cadáveres animales. Esto no solo contradice el plan original —que contemplaba residuo agrario y ganadero—, sino que deja abierta la puerta a cambios futuros de materia prima. Esa ambigüedad mantiene activa la alarma vecinal.

Más allá de Molina, otras localidades murcianas son víctimas del mismo baile político. En Las Torres de Cotillas se ha autorizado una consulta popular por parte del Gobierno central. En Lorca, PSOE e IU reclaman modificar los planes urbanísticos para incluir distancias y moratorias, ya que hay más de diez proyectos en trámite. En Mula el alcalde socialista reclama medidas ante irregularidades en el impacto ambiental. Solo Santomera ha paralizado por completo su proyecto.

Es evidente que en toda la Región nos enfrentamos a un mismo patrón: alcaldes del PP —y otros— lanzan mensajes tranquilizadores sin soporte jurídico suficiente, presumiendo de control, de acuerdos, de vigilancia, mientras las obras avanzan y crece la alarma ciudadana. La falta de transparencia y la negativa a convocar consultas o moratorias evidencia una estrategia común: ganar tiempo y maquillar conflictos, en lugar de resolverlos.

Esto no es un caso aislado. El 31 de mayo, más de 40 plataformas locales se manifestaron bajo el lema “Ni en tu pueblo ni en el mío”, denunciando la especulación, la cercanía a viviendas, colegios y hospitales, los malos olores y los impactos sanitarios vinculados a digestatos tóxicos. Admiten que la energía verde tiene potencial, pero exigen control, transparencia y un modelo de micro-plantas en explotaciones ganaderas, no macroplantas junto a zonas pobladas.

En Molina, el supuesto “equilibrio” logrado por el alcalde —filtrando residuos alimentarios— es una pírrica concesión. No sirve cuando la licencia ambiental base permanece intacta, y no hay garantías legales de que no se amplíe el proyecto. Lo que afrontamos es la imposición de una macroinfraestructura sin respaldo ciudadano, sin documentación legal clara, sin regulación urbanística, sin salud pública ni social por delante.

Vecinas y vecinos, levantemos el telón: esto no es un cuento, son hechos.

1. Las promesas carecen de validez legal real; no hay registros ni acuerdos públicos que las avalen.

2. Las obras avanzan mientras se alega que “actuarán si incumplen el acuerdo”, una fórmula ambigua.

3. Se dan señales legales: consultas suspendidas, moratorias rechazadas y licencias opacas.

4. Hay movilización ciudadana creciente: firmas, manifestaciones y denuncia pública.

5. Este patrón se repite en varios municipios: Toledo, Lorca, Las Torres, Mula… mientras algunos alcaldes evitan la vía democrática.

Conclusión y llamado a la acción: es momento de exigir transparencia real y documentos oficiales: licencia ambiental completa, acuerdos firmados, límites de materia prima, control público independiente, moratoria o consulta ciudadana vinculante. No podemos permitir que la energía verde se convierta en una imposición tóxica.

Solo así, juntas y unidos, podremos frenar la especulación y evitar que nos cuenten cuentos inofensivos mientras sufren nuestras calles, olor, salud y futuro común.