Nuevo error del PP (y de la ultraderecha) en materia de vivienda

Hay debates que afectan de lleno a la vida cotidiana de miles de personas, y el de la vivienda es, sin duda, uno de ellos. En este artículo, José Luis Álvarez-Castellanos analiza con datos y ejemplos por qué determinadas recetas, repetidas una y otra vez como si fueran verdades incuestionables, no siempre ofrecen las soluciones que prometen.

Nos gusta especialmente su forma de argumentar: sin estridencias, apoyándose en hechos y razonamientos, para que sea el lector quien saque sus propias conclusiones. Una lectura muy recomendable para quienes creen que el derecho a una vivienda digna merece algo más que consignas y eslóganes.

Por José Luis Álvarez-Castellanos Rubio

Afirma el PP, sin pudor y siguiendo una versión simplista del liberalismo más rancio, que, si se incentiva al promotor inmobiliario para que aumente la oferta de vivienda en el mercado, los precios bajarán haciéndola asequible, sobre todo a las clases medias. De ahí las medidas del recién convalidado decreto-ley de vivienda asequible de la Región de Murcia, gracias al apoyo de los tránsfugas de Vox y a la abstención del resto de la ultraderecha.

No entienden, o no quieren entender, que en el mercado de la vivienda intervienen más variables que pueden alterar -y de hecho alteran- la dinámica de la ley de la oferta y la demanda en la que basan su predicción.

Recuérdese que hubo un tiempo, no muy lejano, en el que existía una ley liberalizadora del suelo, fruto de la cual España construía más vivienda que Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. Sin embargo, los precios no dejaron de subir. Las condiciones del crédito y la irrupción de nuevos productos de ingeniería financiera alimentaron una burbuja especulativa centrada en la vivienda que desencadenó la mayor crisis económica desde 1929.

En definitiva, ambos mercados, el financiero y el de la vivienda, se retroalimentaron invirtiendo la dinámica del postulado clásico neoliberal: a mayor oferta, precios más bajos.

¿Cómo puede el PP confiar el precio de la vivienda a la evolución de un mercado sometido a diferentes intereses que pueden ser, incluso, contrarios a los de quienes necesitan acceder a una vivienda, especialmente las personas más vulnerables?

Presos de un dogmatismo férreo y de las directrices de la patronal de turno, el PP y el Gobierno regional reniegan del intervencionismo público en esta materia, desoyendo el mandato constitucional que recoge el artículo 47 y el de la propia Ley de vivienda de la Región de Murcia, aprobada por ellos mismos.

Y sí, hay un problema de oferta de vivienda, pero, sobre todo, de vivienda pública. Si tenemos un parque público de infraestructuras educativas para garantizar el derecho a la educación y disponemos de un parque público de infraestructuras sanitarias para garantizar el derecho a la sanidad, ¿por qué no disponer también de un parque público residencial que garantice el derecho a una vivienda digna y accesible?

Otros países así lo han entendido. Países Bajos, Austria y Dinamarca disponen de un parque de vivienda social o pública que alcanza entre el 20% y el 30% de total de sus viviendas. Asimismo, ciudades como Viena, Ámsterdam o Róterdam acumulan un patrimonio público de vivienda gestionado por ayuntamientos y cooperativas en torno al 43% del total residencial.

La intervención pública no pretende sustituir al sector privado, ni competir con él. El objetivo es construir un parque público residencial suficiente para garantizar el acceso a la vivienda, como se garantiza el acceso a la educación o a la sanidad. Por ello, este decreto-ley de vivienda asequible apunta, una vez más, en la dirección contraria.

Se limita a modificar ciertas condiciones urbanísticas que favorecen la promoción privada con la excusa de que así aumentará la oferta de vivienda asequible. Cuestión esta que no deja de ser un espejismo que esconde la realidad contraria, y es que las condiciones de esta vivienda llamada asequible encarecen el precio de la vivienda de protección oficial actualmente vigente en la Región.

Valga como ejemplo la promoción recién anunciada por el Ayuntamiento de Murcia. Aplicando los parámetros de precio de vivienda asequible, estas resultarían un 6,6% más caras que si se aplicaran los precios establecidos para la VPO. Pero, si esa misma promoción se ubicara en el municipio de Molina de Segura, Alcantarilla, Cieza, Yecla, Caravaca, Totana -y así hasta 42 municipios de la Región-, el precio se encarecería entre un 18% y un 49,6%, dependiendo de la zona de precio máximo, establecida en la orden de 29 de febrero de la Consejería de Fomento, en la que se encuentre cada municipio.

Cuando quieras te muestro los números, Fernando.