Un Mar Menor vivo no puede ser un Mar Menor agredido
Hay asuntos que deberían estar por
encima de las siglas, de las disciplinas de partido y de los
intereses particulares. El Mar Menor debería ser uno de ellos.
En el último Pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, un concejal del PSOE planteó una cuestión que, por su importancia, merecía una respuesta clara del Gobierno municipal: qué opinión tenía respecto a la propuesta de reforma de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, y si estaba dispuesto a manifestar su rechazo a una reforma que recorta medidas de protección y reduce las consecuencias para quienes incumplen la normativa.
La pregunta era sencilla.
La respuesta, bastante menos.
El alcalde comenzó afirmando que el Gobierno municipal está «a favor del Mar Menor», pero inmediatamente añadió que también quiere que «la agricultura, el turismo y el desarrollo alrededor del Mar Menor» puedan convivir.
Hasta ahí, podríamos estar de acuerdo.
¿Quién no quiere una agricultura que pueda desarrollarse? ¿Quién no quiere un turismo sostenible? ¿Quién no quiere actividad económica y empleo?
El problema aparece cuando utilizamos esas palabras para evitar hablar de lo fundamental: qué actividades son compatibles con la supervivencia del ecosistema y cuáles están contribuyendo a deteriorarlo.
Porque no toda agricultura es igual. No todo desarrollo es sostenible por el simple hecho de llamarlo desarrollo. Y no todo turismo es inocuo para una laguna que lleva años soportando una presión ambiental extraordinaria.
«Queremos un Mar Menor vivo»
También nosotros queremos un Mar Menor vivo.
Pero hay una diferencia importante.
Nosotros queremos un Mar Menor vivo sin agresiones de ningún tipo.
Y eso incluye las agresiones procedentes de determinadas prácticas de agricultura intensiva, de las que el alcalde apenas parece querer hablar.
No es una cuestión de opiniones personales. El propio Ministerio para la Transición Ecológica señala que existe consenso científico sobre las causas del deterioro del Mar Menor y sitúa entre las principales presiones el exceso de nutrientes, especialmente nitratos y fosfatos, procedentes principalmente de la agricultura intensiva y de otras actividades humanas.
El Mar Menor no enfermó porque a alguien se le ocurriera aprobar una ley demasiado dura.
La ley llegó después de años de degradación.
Llegó después de la llamada «sopa verde» de 2016.
Llegó después de episodios de mortandad de fauna.
Llegó porque el problema existía.
Y llegó, precisamente, para establecer unas reglas especiales destinadas a proteger un ecosistema que también es especial.
Por eso resulta difícil entender el argumento de que los agricultores del Campo de Cartagena deberían estar sometidos exactamente al mismo régimen sancionador que cualquier agricultor de cualquier otro lugar de España.
¿Por qué existe una ley específica?
El alcalde afirmó que, si existe una ley estatal que establece unas sanciones para los agricultores de España, «los agricultores del Campo de Cartagena no van a tener unas penalidades diferentes por lo mismo».
Pero aquí aparece una pregunta que creemos que merece una respuesta:
Si las circunstancias son exactamente las mismas, ¿para qué necesitamos una Ley de recuperación y protección del Mar Menor?
La Ley 3/2020 no se inventó para castigar a los agricultores por ser agricultores.
Establece un régimen específico porque existe un problema específico.
Su régimen sancionador contempla infracciones leves, graves y muy graves, multas que pueden alcanzar los 500.000 euros y, algo especialmente significativo, establece que la sanción no puede ser inferior al beneficio obtenido por el infractor. También contempla determinadas consecuencias adicionales para las infracciones graves y muy graves.
Es decir, no estamos hablando simplemente de «poner multas más altas».
Estamos hablando de que la protección del Mar Menor tenga instrumentos capaces de resultar disuasorios frente a conductas que pueden causar un daño ambiental enorme.
Y precisamente eso es lo que está en juego cuando se pretende rebajar esas herramientas.
Una sanción que no disuade deja de ser una herramienta de protección para convertirse, en el mejor de los casos, en el precio de hacer aquello que no debería hacerse.
Pilar de la Horadada no es el comodín que todo lo explica
Para justificar su posición, el alcalde recurrió también a una comparación entre un agricultor de San Pedro del Pinatar y otro de Pilar de la Horadada.
«¿Qué diferencia hay entre un agricultor de San Pedro y uno del Pilar de la Horadada?», preguntó.
Y añadió que, aunque son comunidades distintas, «el efecto sería el mismo sobre el Mar Menor, prácticamente».
Aquí es donde conviene detenernos.
Porque la realidad hidrogeológica es bastante más compleja que esa frase.
Es cierto que Pilar de la Horadada y buena parte del entorno del Mar Menor están relacionados con la masa de agua subterránea 070.052, Campo de Cartagena. La Confederación Hidrográfica del Segura dispone incluso de puntos de control del acuífero tanto en Pilar de la Horadada como en San Pedro del Pinatar.
Pero compartir una masa de agua subterránea no significa que cualquier parcela, cualquier vertido, cualquier escorrentía o cualquier aporte tenga necesariamente el mismo recorrido ni produzca el mismo efecto sobre la laguna.
El agua subterránea no entiende de términos municipales, pero sí entiende de niveles piezométricos, de acuíferos, de gradientes hidráulicos y de vías de descarga.
Por eso, para determinar qué contaminación llega al Mar Menor, cuánto llega, por dónde llega y con qué consecuencias, no basta con señalar dos municipios sobre un mapa y decir que «prácticamente es lo mismo».
Eso no es una explicación científica.
Es una simplificación.
Y una simplificación especialmente peligrosa cuando se utiliza para justificar una decisión política que afecta a la protección de nuestro principal patrimonio natural.
El Mar Menor no necesita opiniones de barra de bar
Hay otra cuestión que nos preocupa.
La pregunta formulada al alcalde no le pedía que explicara si estaba a favor de la agricultura o del turismo.
Tampoco le preguntaba si quería que desapareciera la actividad económica de nuestro municipio.
Le preguntaba algo mucho más concreto:
¿Está el Gobierno local a favor o en contra de una reforma que reduce las medidas de protección del Mar Menor y las consecuencias para quienes incumplen la normativa?
Y la respuesta fue, en esencia, que considera lógico que se aplique el régimen estatal y que un agricultor de San Pedro tenga las mismas condiciones jurídicas que uno de Pilar de la Horadada.
Eso sí es una posición política legítima.
Pero conviene llamarla por su nombre.
Porque proteger el Mar Menor no consiste únicamente en decir «queremos un Mar Menor vivo».
Consiste en aceptar las medidas necesarias para que pueda seguir vivo.
Turismo sostenible no significa barra libre
El alcalde habla también de que el turismo debe poder desarrollarse alrededor del Mar Menor.
Naturalmente.
Pero cuando hablamos de turismo, también deberíamos hablar de qué turismo queremos.
Porque «turismo» no puede convertirse en una palabra comodín para justificar cualquier actividad que genere dinero, independientemente de sus consecuencias sobre la laguna y sobre quienes vivimos en ella.
Ahí tenemos, por ejemplo, el creciente problema de las motos acuáticas.
Cada verano son más las que vemos surcando el Mar Menor, muchas veces a velocidades que preocupan a quienes utilizan estas aguas para nadar, practicar deportes o simplemente disfrutar de ellas. Son máquinas que, además del riesgo evidente que pueden representar para las personas, generan molestias y presión sobre un ecosistema especialmente vulnerable.
Y hay algo que debería hacernos reflexionar especialmente: el Mar Menor no es el Mediterráneo.
Estamos hablando de una laguna de escasa profundidad, con zonas especialmente sensibles y con una flora y una fauna que no deberían quedar subordinadas a la diversión motorizada.
No todo lo que puede hacerse en el agua tiene por qué hacerse en cualquier lugar, a cualquier velocidad y sin límites.
El turismo sostenible del que tanto hablamos debería significar precisamente eso: que la actividad turística pueda existir sin convertir el espacio que la sustenta en su víctima.
Porque si para que unos disfruten de sus motos acuáticas otros tienen que soportar ruido, peligro, oleaje, molestias y afecciones sobre un ecosistema ya extremadamente vulnerable, quizá tengamos que empezar a preguntarnos qué entendemos realmente por «turismo sostenible».
Y esto enlaza directamente con lo que decíamos antes.
No estamos contra el turismo.
Estamos contra la idea de que proteger el Mar Menor significa únicamente mantenerlo vivo mientras permitimos que cada vez más actividades lo sometan a nuevas presiones.
Queremos un Mar Menor vivo.
Pero también queremos poder bañarnos en él sin miedo, navegar sin miedo, practicar deporte sin miedo y contemplar su fauna y su flora sin que el motor de una moto acuática convierta la laguna en una pista de carreras.
Eso también es proteger el Mar Menor.
Tecnología sí. Excusas, no.
El alcalde afirmó también que hoy existen medios y tecnología suficientes para que agricultura, turismo y protección del Mar Menor puedan convivir.
Ojalá.
Nosotros también queremos que sea así.
Pero la tecnología no puede convertirse en una palabra mágica que permita seguir haciendo exactamente lo mismo esperando resultados diferentes.
Si existen tecnologías capaces de reducir la contaminación, utilicémoslas.
Si existen sistemas de producción agrícola menos agresivos, potenciémoslos.
Si existen formas de turismo compatibles con la conservación del ecosistema, apostemos por ellas.
Si existen mecanismos para impedir que los nutrientes terminen en la laguna, hagámoslos obligatorios y controlemos que se cumplan.
Porque la verdadera cuestión no es elegir entre agricultura y Mar Menor.
La verdadera cuestión es decidir qué modelo de agricultura, qué modelo de turismo y qué modelo de desarrollo estamos dispuestos a aceptar alrededor del Mar Menor.
Y eso es política.
Política municipal, regional y estatal.
Más de seiscientas mil razones para escuchar a la ciudadanía
Tampoco deberíamos olvidar cómo nació una parte fundamental de la protección jurídica actual del Mar Menor.
Cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas apoyaron la iniciativa que acabaría dando lugar a la Ley 19/2022, por la que el Mar Menor y su cuenca fueron reconocidos como sujeto de derechos.
Aquella movilización no fue una ocurrencia de cuatro ecologistas.
Fue una de las mayores movilizaciones ciudadanas relacionadas con la protección ambiental que hemos conocido en nuestro país.
La ciudadanía habló.
Y habló con una claridad extraordinaria: queremos proteger el Mar Menor.
Ahora asistimos a una nueva propuesta de reforma de la legislación que lo protege.
Y quienes defendemos la laguna tenemos todo el derecho del mundo a estar alerta.
Porque cuando se habla de reducir sanciones, de modificar las herramientas de control o de facilitar las cosas a quienes desarrollan actividades económicas en el entorno de la laguna, debemos preguntarnos siempre:
¿Facilitar las cosas a quién?
Y, sobre todo:
¿Quién paga las consecuencias cuando el Mar Menor pierde su capacidad para recuperarse?
Porque si una explotación obtiene un beneficio incumpliendo una norma, la sanción puede afectar a su propietario.
Pero cuando el daño acaba en la laguna, la factura la pagamos todos.
La pagamos quienes vivimos aquí.
La pagan quienes trabajan honradamente en el campo.
La pagan quienes viven del turismo.
La pagan quienes pescan.
La pagan quienes disfrutan de sus playas.
La pagan nuestros hijos y nuestros nietos.
Y la paga, sobre todo, el propio Mar Menor.
No es una cuestión de partidos
El concejal que formuló la pregunta pidió al Gobierno municipal que estuviera a la altura y que el PP de San Pedro demostrara, en esta ocasión, que podía defender los intereses del municipio por encima de los intereses de su partido.
Nos parece una petición razonable.
El Mar Menor no debería ser de izquierdas ni de derechas.
No debería ser del PSOE, del PP, de Vox, de Podemos ni de ninguna otra formación.
Es nuestro.
Y precisamente por eso resulta incomprensible que una cuestión tan importante pueda abordarse desde la disciplina partidista.
Nosotros no pedimos al alcalde que se convierta en científico.
Le pedimos algo mucho más sencillo:
que antes de defender una reforma que reduce la protección de nuestro Mar Menor, escuche a quienes llevan años estudiándolo y defendiéndolo.
Que escuche a científicos.
Que escuche a organizaciones ambientales.
Que escuche a pescadores.
Que escuche a colectivos ciudadanos.
Que escuche a quienes viven directamente de la laguna.
Y que escuche también a las cientos de miles de personas que ya dijeron, con sus firmas, que el Mar Menor merece protección.
Y sí, también estaba la Visi
Y, finalmente, cuando parecía que la intervención había terminado, llegó nuevamente la correspondiente declaración de admiración hacia doña Visitación Martínez.
«No puede haber mejor presidenta de la Asamblea Regional», afirmó el alcalde.
Por supuesto que puede tener esa opinión.
Faltaría más.
Pero nosotros también podemos tener otra.
Nosotros pensamos que, cuando hablamos del Mar Menor, no puede haber mejor defensa que la defensa del propio Mar Menor.
Ni mejor interés que el interés de quienes vivimos junto a él.
Ni mejor aliado que una ciudadanía informada y vigilante.
Y precisamente por eso creemos que debemos estar atentos.
Porque las palabras «reforma de la ley» pueden sonar inocentes.
Pero una reforma puede proteger más.
O puede proteger menos.
Puede hacer más difícil contaminar.
O puede hacer más fácil hacerlo.
Puede conseguir que incumplir salga caro.
O puede convertir las sanciones en un coste asumible para quien obtiene beneficios.
Y ahí está la cuestión.
No queremos un Mar Menor simplemente «vivo».
Queremos un Mar Menor vivo, sano y protegido.
Un Mar Menor que no tenga que sobrevivir mientras nosotros discutimos cuánto estamos dispuestos a sacrificar de él.
Porque una laguna enferma no necesita que le prometamos cuidados.
Necesita que dejemos de agredirla.
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